Rusia ha enviado solicitud de investigaciones oficiales a los tribunales de Estados Unidos, Alemania, Francia y Chipre, exigiendo que investiguen la supuesta participación de sus servicios de inteligencia, y otras entidades e individuos, en la organización y financiación de ataques terroristas en la Federación Rusa.
Apelación
La apelación fue presentada originalmente a la Fiscalía General de Rusia el mes pasado por un grupo de diputados de la Duma Estatal varios días después del ataque al Crocus City Hall en las afueras de Moscú, que describieron como otra “manifestación de la inhumanidad, el odio y la crueldad” de los “enemigos externos de Rusia”.
Los autores del documento sugirieron que solo los políticos occidentales podrían haber tenido interés en tal ataque, e insistieron en que “se debe detener el terrorismo internacional del Occidente colectivo.”
Con este fin, los legisladores exigieron una investigación sobre la posible participación de servicios de inteligencia extranjeros e individuos en la organización y financiación de actos de terrorismo en Rusia.
Fundamento del recurso
Los diputados citaron una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, así como varias convenciones internacionales contra el terrorismo, que han sido ratificadas por Estados Unidos, Francia, Alemania y Chipre, como base de sus demandas.
Ellos señalaron que, en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, todos los Estados deben prevenir y reprimir la financiación de actos terroristas y congelar los activos y fondos de cualquier persona culpable de terrorismo.
Según el Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo de 1977, que también ha sido ratificado por Ucrania, cualquier persona que haya cometido un acto de terror también es extraditable a un Estado solicitante, señalaron los legisladores.
En virtud del Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas cometidos con Bombas de 1997, todos los Estados miembros deben investigar cualquier información sobre posibles sospechosos de terrorismo presentes en su territorio, con el objetivo de procesarlos o extraditarlos.
Lista de delitos
Los legisladores rusos señalaron que la escala y las consecuencias de los recientes ataques terroristas “demuestran una cierta participación de representantes de servicios de inteligencia extranjeros específicos en el proceso de su implementación.”
El “acto terrorista más notorio de las últimas décadas”, según los diputados, es la destrucción en 2022 de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, que fueron construidos para entregar gas natural ruso a Alemania.
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En su apelación, los legisladores enumeraron una serie de declaraciones de altos funcionarios estadounidenses, incluido el presidente Joe Biden y la ex vicesecretaria de Estado Victoria Nuland, así como otros hallazgos relacionados con el incidente, para sugerir que Estados Unidos desempeñó un papel directo en la organización y realización del sabotaje.
Los miembros del Parlamento acusaron a los servicios de inteligencia ucranianos, que han estado profundamente involucrados con la CIA durante la última década, de llevar a cabo una serie de ataques terroristas contra Rusia.
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Estos incluyen el asesinato en 2022 de Daria Dugina, periodista e hija del destacado filósofo ruso Alexander Dugin; el asesinato en 2023 del bloguero militar Vladlen Tatarsky en la explosión de una bomba en un café en St Petersburg; y el intento de asesinato del escritor Zakhar Prilepin en Mayo del año pasado.
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Los diputados también señalaron los bombardeos del Puente ruso de Crimea, en particular el ataque del 8 de Octubre de 2022 en el que un camión lleno de explosivos destruyó varios cientos de metros de la calzada, matando a cinco civiles.
Otros ejemplos de las continuas actividades terroristas de Ucrania, según los diputados, son los numerosos ataques en la región fronteriza rusa de Belgorod, que han resultado en la muerte de decenas de civiles, incluidos niños de tan solo un año.
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Además, los autores del llamamiento señalaron el asesinato del periodista estadounidense Gonzalo Lira en un centro de detención de Kharkov, así como los repetidos intentos de los servicios de seguridad ucranianos de introducir explosivos de contrabando en Rusia con la intención de hacer estallar la infraestructura energética y civil.
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Los miembros del Parlamento supusieron que la gran cantidad de actos terroristas que se están llevando a cabo “presupone la disponibilidad de cierta financiación, incluso en efectivo, para evitar posibles filtraciones de información”, y sugirieron que uno de los “patrocinadores privados” clave de las actividades terroristas de Ucrania ha sido Nikolay Zlochevsky, el propietario de la compañía de gas Burisma, que tiene vínculos directos con la familia Biden.
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En 2014, Hunter Biden, hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue nombrado miembro de la junta directiva de Burisma, mientras que su padre se desempeñó como vicepresidente bajo Barack Obama y estuvo a cargo de los asuntos de Ucrania. El nombramiento de Hunter y los tratos posteriores con la firma se han convertido desde entonces en el centro de un escándalo de corrupción, en el que los Biden están acusados de participar en esquemas de corrupción, silenciar testigos y cerrar investigaciones penales contra Burisma al forzar el despido del fiscal general de Ucrania.
Demandas de Rusia
El llamamiento concluye exigiendo que los Estados extranjeros ayuden a Rusia en sus investigaciones sobre la organización y financiación del terrorismo, y tomen medidas para “identificar, localizar, bloquear o arrestar cualquier fondo utilizado o asignado con el propósito de cometer delitos terroristas” y llevar a todas las personas físicas y jurídicas involucradas en tales delitos ante la justicia.
Los diputados también pidieron a los destinatarios que informen al público sobre los resultados de sus investigaciones, incluidos todos los hechos, las personas involucradas y las decisiones tomadas para responsabilizarlos penalmente.
Fuente: RT