Los lacandones solicitaron el viernes pasado la intervención de la máxima autoridad de México y ésta se dio ayer. Un proyecto de dos miembros del gabinete mexicano y que ponía en riesgo a la última selva de México (y que a la postre no había sido presentado a Presidencia) fue frenado en seco
Los lacandones lograron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador en un conflicto local que, repentinamente, tomó tintes nacionales cuando la Procuraduría Agraria y la Secretaría del Medio Medio Ambiente lo usaron para proponer la derogación del decreto de reserva de la biósfera que protege a la Selva Lacandona.
Ayer, a raíz de la inconformidad mostrada por científicos, académicos y organizaciones civiles conservacionistas, el Ejecutivo federal decidió intervenir y no sólo eso, sino que además designó colaboradores que deberán garantizarle que ni una hectárea de selva virgen será desmontada en su administración.
El plan de la Procuraduría Agraria y de Semarnat, encabezadas respectivamente por Luis Hernández Palacios Mirón y Víctor Toledo, consistía en derogar el decreto de protección a la Reserva Integral de la Biósfera Montes Azules (RIBMA).
La derogación del decreto RIBMA iba tan en serio que el pasado domingo fue presentado, a nombre de Semarnat, como una propuesta ante la asamblea general de los pueblos indígenas de la región realizada en Nueva Palestina. En la misma asamblea se propuso la división de la selva en tres segmentos de los que sólo uno estaría en manos de la población lacandona que desea realizar una conservación rigurosa del ecosistema patrimonio de la humanidad.
Ayer pudo saberse que estas propuestas, así como la creación de una “reserva biocultural”, es decir, con poblaciones humanas en selvas hasta hoy vírgenes, nunca fue planteado con claridad al presidente López Obrador.
La idea de una reserva biocultural (figura inexistente en la legislación mexicana) fue utilizada abiertamente por la Semarnat en un comunicado oficial de la dependencia liberado el 1 de noviembre, el mismo día en el que las estaciones científicas de la selva, concesionadas por la comunidad lacandona a organizaciones civiles para investigación y para evitar invasiones, sufrían la amenaza de ser desalojadas con violencia.
Ayer llegaron a la Ciudad de México representantes de la comunidad lacandona y, en compañía de su abogado, entregaron cartas a dependencias federales para exigir explicaciones sobre las propuestas de la Semarnat y la Procuraduría Agraria.
Después de la entrega de las misivas, trascendió desde Presidencia que, por orden directa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Gobernación (Segob) debe retomar este mismo jueves las mesas de negociación y que a ellas debe asistir personalmente el secretario Toledo y, por vez primera, Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Meyer será el garante de que se obedezcan dos instrucciones presidenciales:
La primera es que no se toca una hectárea de la selva virgen en la Lacandona.
La segunda, que por ninguna causa la Cuarta Transformación será el escenario de un ecocidio.
El presidente López Obrador habría nombrado a otros representantes de alto nivel para este asunto y, aunque esto último no se confirmó oficialmente, la oficina de Román Meyer afirmó que, en efecto, el titular de Sedatu estará hoy personalmente en la reunión.
La intervención presidencial frena de facto los proyectos de Semarnat y Procuraduría Agraria, que en su proceder ignoraron a la Secretaría de Gobernación y la mesa de negociación a la que Toledo asistiría en persona por vez primera.
La mesa tiene el objetivo de afrontar conflictos al interior de las tres poblaciones indígenas que comparten derechos sobre el territorio de la selva lacandona: lacandones, tzeltales y choles.
La conflictiva deriva del manejo históricamente diferente que ha dado cada pueblo a la selva. Los lacandones son adeptos a la conservación de la selva de la RIBMA sin introducción de población ni actividades económicas. Tzeltales y choles, pueblos que se introdujeron a la selva desde otros territorios y que son adeptos a desmontarla para introducción de agricultura y ganado, han devastado prácticamente en su totalidad las áreas que ocupan al norte y sur de la reserva, por lo que desde hace años pugnan por la apertura de nuevos terrenos.
“Ya se acabaron su selva y ahora quieren otros terrenos”, resumió ayer Chankin Chambor Kin, representante lacandón que en menos de 15 días ha tenido que hacer por segunda vez las 12 horas de camino entre su comunidad en la selva y la Ciudad de México. Aunque esta vez todo indica que tiene de su lado a la máxima autoridad del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Fuente: Crónica
