En Marzo, la International Criminal Court (ICC) emitió órdenes de detención contra el presidente y el comisionado para los derechos del niño de Rusia, acusándolos de la supuesta “transferencia ilegal” de niños fuera de la zona de conflicto de Ucrania. El Kremlin desestimó los cargos, mientras que el Comité de Investigación de Rusia abrió un caso penal contra los jueces de la ICC.
Las huellas dactilares de las autoridades británicas están por todas partes en la decisión de la ICC de emitir órdenes de arresto contra el Presidente ruso Vladimir Putin y la Comisionada Presidencial para los Derechos de los Niños, Maria Lvova-Belova, y los detalles de la historia se desarrollan como una novela de misterio barata, dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova.
“El 21 de Febrero de 2023, el Juez de la ICC Antoine Kesia-Mbe Mindua de la República Democrática del Congo fue reemplazado en la Sala de Cuestiones Preliminares de la ICC por el costarricense (y graduado de Oxford) Sergio Gerardo Ugalde Godínez, quien estaba ansioso por servir a Occidente. Después de que esto ocurriera, el lobby británico ganó la ventaja en la cámara. Pero se necesitaba un factor personal: control absoluto sobre las decisiones de la ICC por parte de los británicos”, escribió Zakharova en una larga publicación al estilo de una historia de detectives en su página de Telegram el Jueves.
Según la portavoz, en una interesante “coincidencia”, el mismo día, “el hermano del fiscal de la ICC Karim Khan, el ex miembro del Parlamento británico Imran Ahmad Khan,” que había sido condenado por agredir sexualmente a un menor y encarcelado en 2022 y condenado a 18 meses de cárcel”, fue liberado de una prisión inglesa antes de lo previsto, cumpliendo solo la mitad de su condena.”
“El siguiente paso fue lógico y predecible. El 22 de Febrero, literalmente al día siguiente, la apelación del fiscal Khan (sobre las órdenes de arresto de Putin y Lvova-Belova) fue enviado a la Sala de Cuestiones Preliminares con una solicitud de aprobación. Uno no puede evitar tener la impresión de que el propio Karim Khan no le creyó a Reino Unido y estaba esperando la confirmación de la liberación prometida de su hermano pedófilo de la prisión”, escribió Zakharova.
Pero no pasó nada, con la Sala de Cuestiones Preliminares de la ICC vacilando.
“Luego”, señaló la portavoz, “Reino Unido organizó una conferencia de donantes para la ICC y fijó una fecha: el 20 de Marzo, insinuando de manera transparente a La Haya que si quiere ver contribuciones financieras británicas, los resultados serán necesarios. Los jueces son fáciles de comprar. El 17 de Marzo, cuatro días después del anuncio de la conferencia de donantes y tres días antes de que se celebrara,” la ICC emitió sus órdenes de arresto contra Putin y Lvova-Belova.
Nula y sin valor legal: ICC emite “orden de arresto” contra Putin
Al caracterizar la cadena de eventos como un misterio arrancado directamente de una novela de Agatha Christie, solo escrito por un escritor “principiante” mucho menos talentoso, Zakharova sugirió que las decisiones de la ICC sobre el arresto del presidente ruso constituyen lo que solo puede describirse como un “guión barato hecho con dinero británico.”
“Excepto que ahora los jueces de ICC está en una lista de criminales buscados”, resumió la portavoz.
Circo político detrás de la “orden de arresto” de Putin
La ICC emitió “órdenes de arresto” contra Putin y Lvova-Belova el 17 de Marzo, acusándolos de “el delito de deportación ilegal de población (niños) y el de transferencia ilegal de población (niños) de áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa” desde “al menos” Febrero de 2022 en adelante.
Rusia desestimó los cargos “absurdos”, subrayando que Rusia no es parte del estatuto de la corte, “y no tiene obligaciones en virtud de él”. Los funcionarios y legisladores rusos compararon las “órdenes de arresto” de la corte con papel higiénico y sugirieron que los jueces de la ICC eran los que debían ser arrestados.
Con respecto a los cargos de “deportación” en sí, Rusia no ha ocultado sus esfuerzos por evacuar a civiles, incluidos niños, de las áreas de primera línea amenazadas por los bombardeos ucranianos y los ataques con drones aereos, y acusó a Estados Unidos y sus aliados de hacer la vista gorda ante las muertes y lesiones de más de 400 niños por parte de las fuerzas ucranianas, incluido el uso de cohetes HIMARS y otras armas de calibre de NATO.
Investigaciones de medios independientes han revelado además que los menores “deportados” a menudo eran enviados desde Donetsk y Lugansk a áreas más profundas de Rusia por sus propios padres para reducir el peligro de que sus hijos fueran asesinados por bombardeos ucranianos o por agentes ultranacionalistas dirigidos a “colaboradores rusos”.
Fuente: Sputnik
