Juan Carlos I, Rey Emérito de España, sigue recibiendo reveses judiciales. Desde que se le abriera una causa judicial en Suiza por un presunto cobro de capitales, no ha dejado de ser objeto de investigaciones. Ni en su auto-exilio dorado en Abu Dabi, donde se marchó hace poco más de un año, se libra de las noticias con su nombre. En esta ocasión ha sido la Fiscalía del Tribunal Supremo español quien se ha pronunciado sobre sus actividades fiscales, sosteniendo que el monarca construyó su fortuna mediante “cobro de comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales”.
Según ha informado El Mundo, que ha tenido acceso a la comisión rogatoria del Ministerio Público español, el Rey Emérito podría haber cometido al menos cuatro delitos: “lavado de dinero, desfalco contra la Hacienda Pública, cohecho y tráfico de influencias”. El equipo encargado de la investigación — liderado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón — ve “elementos indiciarios de que los fondos que son objeto de investigación” tienen una procedencia ilícita.
Así, el organismo español solicitó a Suiza la información de las cuentas que el Rey Emérito tenía allí y las operaciones entre 2016 y 2019. Supuestamente, el Rey Emérito operaba en el país alpino a través de la Fundación Zagatka, a nombre de su primo lejano Álvaro de Orleans. Según indagaciones de la Fiscalía, que inició las diligencias de la investigación cuando el monarca estaba aforado, Juan Carlos I realizaba a través de esta plataforma “hechos de ocultación, transformación, transmisión, conversión y/o posesión de fondos”.
Con esta premisa, el Ministerio Público español quiere determinar de dónde procede el dinero no declarado a Hacienda y la función de Juan Carlos I en las operaciones con dichos fondos. Tal y como lo detalla El Mundo, la Unidad de Inteligencia Financiera (Sepblac) ya había alertado de que un empresario mexicano, Allen Sanginés-Krause, enviaba dinero a un coronel del ejército, ayudante del Rey Emérito, y luego se transfería a “cuentas de la titularidad de miembros de la Familia Real o personas vinculadas a ellos”.
“Por otro lado”, continúa la comisión rogatoria remitida a Suiza, “también han llegado informaciones referidas a que dichos fondos, con los que se han sufragado diversos gastos, regalos y viajes privados de Juan Carlos I de Borbón desde el año 2017 al 2018, pueden provenir de la Fundación Zagatka, constituida en octubre de 2003 en Vaduz, Liechtenstein”.
El Tribunal Supremo incluye alusiones a la Casa Real española. Según señala, basándose en declaraciones de Álvaro de Orleans, entre los beneficiarios se encuentran sus hijas las infantas Elena y Cristina y el actual Rey de España, Felipe VI. Aunque señala que los tres han dejado de ser beneficiarios de la Fundación después de una modificación legal de 2018.
“Refuerza lo expresado”, agregan, “el hecho de que el 9 de Diciembre de 2020, el Rey Juan Carlos I presentó una declaración por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ante la Hacienda pública española por una cantidad muy superior a los 300,000 euros”. En realidad, el Rey Emérito regularizó casi cuatro millones de euros por ejercicios fiscales ocultos desde 2016.
Todas estas afirmaciones se han enviado a Suiza, donde el Rey Emérito tiene otro proceso abierto por presunto cobro ilícito de comisiones. Yves Bertossa, fiscal del cantón de Ginebra, investiga la gestión de la fortuna del Rey Emérito a través de sus fiduciarios Dante Canónica y Arturo Fassana. La causa se inició a raíz de una donación de un jeque árabe a Juan Carlos I y su posterior envío a Corinna Larsen. Después, el juez encontró vuelos y otras actividades pagadas por la Fundación Zagatka. Y mientras, en España se abrían diligencias por cobro de comisiones en la construcción del tren AVE de Madrid a La Meca y la posesión de fondos en paraísos fiscales.
Fuente: Sputnik
