Singapur ahorcó a una prisionera el Viernes, que había sido condenada en 2018 por traficar alrededor de 30 gramos (aproximadamente una onza) de heroína al país. Este es el primer caso de una mujer condenada a la pena capital en la nación asiática en casi dos décadas. La ejecución ha provocado el desprecio de los organismos internacionales de derechos humanos.
Saridewi Djamani, ciudadana de Singapure de 45 años, fue ejecutada el Viernes, dijo la Oficina Central de Narcóticos del país, en lo que fue la segunda ejecución en el lapso de una semana. Saridewi es la primera mujer presa asesinada judicialmente desde que una mujer de 36 años fue ejecutada en 2004, también por cargos de narcotráfico.
En una declaración el Viernes, Chiara Sangiorgio, especialista en reforma de la pena de muerte de Amnistía Internacional, calificó las ejecuciones de “ilegales” y dijo que “arrojan una luz dura y trágica sobre la falta total de reforma de la pena de muerte en Singapur. Sangiorgio afirmó que las autoridades de Singapur continúan violando “el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.”
La ejecución de Saridewi es la decimoquinta desde que Singapur reanudó las ejecuciones en Marzo de 2022, después de que la práctica se detuviera durante dos años durante la pandemia Covid-19. Desde su reanudación, la ciudad-estado insular ha llevado a cabo un promedio de una ejecución por mes.
Durante su juicio, Saridewi había argumentado sin éxito que no era capaz de proporcionar declaraciones precisas a la policía porque sufría de abstinencia de drogas mientras la interrogaban.
La Oficina Central de Narcóticos ( Central Narcotics Bureau – CNB) de Singapur agregó en un comunicado el Viernes: “Saridewi recibió el debido proceso completo bajo la ley y estuvo representada por un asesor legal durante todo el proceso”. Agregó que una apelación de clemencia al presidente de Singapur, Halimah Yacob, no tuvo éxito.
Las autoridades de Singapur insisten en que las estrictas leyes sobre drogas cuentan con el apoyo de vastas franjas de la comunidad y mantienen al país relativamente libre de delitos relacionados con las drogas. Críticos como Sangiorgio de Amnistía lo niegan: ella agregó en su declaración del Viernes que “no hay evidencia” de que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio sobre la disponibilidad de narcóticos.
Michel Kazatchkine, de la Comisión Global sobre Políticas de Drogas, está de acuerdo. “Esto es fundamentalmente una violación del derecho internacional de los derechos humanos, porque es un castigo desproporcionado”, el dijo, en comentarios publicados por The Guardian el Viernes.
Según Amnistía Internacional, Singapur es uno de los cuatro países que han llevado a cabo recientemente ejecuciones relacionadas con delitos de drogas, siendo China, Irán y Arabia Saudita los otros.
Fuente: RT
