Los manifestantes protestan contra las políticas laborales y pensionales que podría llevar a cabo el presidente Iván Duque, a pesar de que el Ejecutivo afirma no haber aprobado nada todavía.
El paro nacional que se inicia este jueves en Colombia en contra del llamado “paquetazo de Duque” ha estado precedido de allanamientos a organizaciones sociales y fuerte presencia de los cuerpos de seguridad del Estado en las calles, lo que ha sido catalogado por sus organizadores como “tratamiento de guerra, persecución y criminalización de la protesta”.
Los días previos han estado marcados por los reiterados desmentidos del presidente Iván Duque sobre las supuestas reformas laborales y pensionales que haría su Gobierno y los llamados de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez a estar alertas ante los “intereses de otros” que quieren “destruir a Colombia como lo han hecho en Chile y Ecuador”.
Por otro lado, la tensión se elevó con los allanamientos “preventivos” en busca de “material terrorista” en medios de comunicación y colectivos y con el reforzamiento de la presencia de los militares en las calles, mientras que la frontera está cerrada desde la medianoche del martes.
El llamado a esta paralización de actividades, que será acompañada por acciones de calle, se hizo el pasado 4 de octubre durante el denominado Encuentro Nacional de Emergencia —organizado por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y más de cien movimientos sociales—, donde también se fijó la fecha para la ‘Toma de las capitales’, una gran manifestación en contra de las políticas laborales Duque que se realizó el pasado 17 de octubre.
Censura a medios
Distintas organizaciones sociales, movimientos sindicales, figuras políticas y partidos han rechazado los allanamientos que han hecho las autoridades a colectivos que han participado en las movilizaciones anteriores en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. De igual forma, se ha alertado sobre acciones en contra de quienes distribuyen en volantes y carteles propaganda a favor del paro.
Entre los afectados se encuentra la revista cultural Cartel Urbano, el colectivo gráfico Puro Veneno —que hizo un grafiti ‘¿Quién dio la orden?’ sobre las ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ en Colombia entre 2000 y 2010, y que fue borrado por las autoridades—, y otros grupos como La Otra Danza Colectivo, Ak al Konvate y Subversión.
En un video compartido por Cartel Urbano se observa la llegada de las autoridades a esas instalaciones y el documento con la orden de registro por presunción del delito de “fabricación, tráfico y porte de armas de uso militar”. Además, se les ha señalado de alentar la protesta, de tener pancartas a favor y de guardar material explosivo, lo que ha sido negado por ellos en un texto colgado en su página web.
La revista ha catalogado esta acción como un “atentado a la libertad de prensa” debido a que un medio de comunicación tiene el derecho a promocionar la protesta, si así quisiera, según han indicado en el escrito.
Un pronunciamiento de rechazo similar ha hecho la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que denunció la solicitud que hizo el Centro Cibernético de la Policía Nacional de eliminar un manual de autoprotección contra El Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), que colgó en su página web el medio digital Cerosetenta, perteneciente a la Universidad de Los Andes.
Casi 30 allanamientos
La Policía Metropolitana de Bogotá publicó en su cuenta de Twitter que se realizaron “27 diligencias de registro y allanamiento en 15 localidades de Bogotá y en el municipio de Soacha”. En estas acciones fueron capturadas dos personas y se incautaron “diferentes elementos para la elaboración de artefactos explosivos improvisados y bombas incendiarias”, según su reporte.
Por su parte, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, ha dicho en entrevista con W Radio que los allanamientos fueron hechos con “legalidad y pruebas de inteligencia” para evitar hechos violentos el 21 de noviembre.
Al ser indagada por los pinceles, pancartas y camisetas con material alusivo al paro que fue confiscado, afirmó que “vienen elementos químicos con los que construyen las bombas molotov” y que son medidas preventivas.
Militarización en las calles
El recién nombrado ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, desmintió que Bogotá u otra ciudad colombiana fuera a ser militarizada, sin embargo, en las redes han circulado videos e imágenes de presencia inusual de uniformados en las calles y en las cercanías de las universidades donde ha habido anteriores protestas.
Frente a estos señalamientos, Holmes Trujillo explicó que en la capital, por solicitud de las autoridades locales, se incluiría el patrullaje de miembros del Ejército hasta el pasado miércoles.
Aunque el titular de Defensa coincide con el presidente colombiano en que la Fuerza Pública respeta la movilización pacífica y que “garantizará la participación de los ciudadanos”, ha reiterado que “actuará con contundencia” ante hechos de violencia y alteraciones del orden público.
Con referencia al acuartelamiento previo al paro, señaló que es un procedimiento rutinario “en eventos como movilizaciones y elecciones”.
Holmes Trujillo entró a esa cartera luego de que su anterior titular, Guillermo Botero, renunciara tras el debate en el Senado para aprobar una moción de censura en su contra por la actuación de las Fuerzas Armadas en el bombardeo donde murieron por lo menos ocho menores de edad en una zona de San Vicente del Caguán (Caquetá), en el sur del país.
Cierre de frontera y toque de queda
En la ciudad de Cali, en el departamento de Valle del Cauca, el alcalde Maurice Armitage decretó toque de queda a partir de las 19:00 horas del jueves [01:00 del viernes, GMT] tras algunos actos vandálicos registrados durante la manifestación.
“No tengo otra medida distinta a poner el toque de queda a partir de hoy, debido a que una serie de vándalos, desadaptados y delincuentes están atracando y saqueando negocios”, aseguró el alcalde Armitage a medios locales.
Previamente, la ministra del Interior anunció que el presidente firmaría un decreto que facultaría a las autoridades locales para que ordenen toques de queda “cuando las circunstancias lo ameriten”, tras una evaluación previa entre autoridades territoriales, las fuerzas militares y la Policía.
Esta medida puede venir acompañada de prohibición de porte de armas y de consumo de alcohol.
De igual manera, el Ejecutivo de Iván Duque anunció el martes el cierre temporal de sus pasos fronterizos, por tierra y agua, con Ecuador, Venezuela, Brasil y Perú.
“Intimidación y persuasión”
El movimiento social Congreso de los Pueblos, que ha promovido el paro, ha alertado en un comunicado que el Gobierno ha implementado medidas “para amedrentar, perseguir y sabotear” las actividades de este jueves.
Han pedido que “cese el tratamiento de guerra a la protesta social”. Asimismo, han asegurado que el “uso de la fuerza militar” es una “estrategia de desarticulación” que busca la “intimidación y persuasión de los manifestantes” y “abre la posibilidad de una incursión militar en los centros urbanos”.
Ante esta situación, han pedido el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo.
¿Cuáles son las razones del paro?
Las razones para sumarse a esta jornada de paro y protesta son las mismas de las manifestaciones recientes: rechazo al “paquetazo” de Duque, denominado así por los convocantes, que han señalado que el Ejecutivo prevé realizar una serie de reformas laborales, pensionales y tributarias que apuntarían hacia el desmejoramiento de las condiciones de los trabajadores y jubilados y a la privatización del Estado.
Además se suman las demandas de sectores estudiantiles, sindicales y sociales que han sido incumplidas, según los manifestantes, y se denuncian las acciones policiales en contra de la protesta.
Por su parte, el partido FARC llama a manifestarse en contra del bombardeo donde murieron por lo menos ocho niños en el Caquetá, los asesinatos en este año de 52 indígenas en el departamento del Cauca, de 155 líderes sociales y de más de 50 exguerrilleros desmovilizados.
El exhorto también se hace para solicitarle al Gobierno mayor rapidez en la implementación de los acuerdos de paz establecidos entre el Estado y las extintas FARC.
Desmentidos de Duque
Días antes de la protesta, el 17 de noviembre, el presidente colombiano estrenó el programa televisivo ‘Contacto con Duque’, de corte similar al ‘Aló, Presidente’ (conducido por el fallecido presidente Hugo Chávez) y ‘En Contacto con Maduro’, (que dirigía el mandatario venezolano). En su primer programa, desmintió los señalamientos en su contra.
Además, en los últimos días ha reiterado que no iba a aumentar la edad para pensionarse y que el Gobierno no había presentado ningún proyecto de reforma laboral ni pensional.
También afirmó que su Administración objetará el artículo 44 del Presupuesto General del país que contemplaba que las “universidades públicas del país pagarían las sentencias o fallos proferidos en contra de la Nación con los recursos asignados por parte de esta”.
Por otro lado, Duque anunció que impulsará un proyecto de reducción del porcentaje de cotización de las pensiones, que rechaza la propuesta de pagarles a los jóvenes un salario por debajo del mínimo y que no se considera aumentar la edad para obtener una pensión.
“Toda propuesta será discutida en la Mesa de Concertación Laboral, de la que hacen parte las centrales obreras y el sector privado”, ratificó.
Si bien el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ha arrojado que en el tercer trimestre de 2019, el Producto Interno Bruto creció un 3,3% (con respecto al mismo periodo de 2018) y la tasa de desempleo en 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 10,1% en septiembre, lo que implica una disminución de cuatro puntos porcentuales comparándolo con el año anterior, Colombia siendo el país más desigual de América Latina.
¿Cómo llegaron a este punto?
Los primeros pasos para llegar a este día se dieron a finales de septiembre cuando los universitarios protestaron en Bogotá, y posteriormente en otras ciudades, en rechazo al destape de un millonario caso de corrupción en la capitalina Universidad Distrital José Caldas en el que se vieron involucradas autoridades de esa casa de estudios. Frente a estas manifestaciones, los estudiantes denunciaron la represión del Escuadrón Móvil Antidisturbios, que incluso ingresó a uno de los recintos universitarios y causó afectaciones por gases lacrimógenos en un hospital.
Ya en octubre, colectivos estudiantiles realizaron una movilización nacional en rechazo a la corrupción, la represión de los antimotines y en reclamo del “cumplimiento integral” de los acuerdos firmados con el Gobierno a finales del año pasado.
Los detractores de estas movilizaciones, entre los que se encuentra la propia vicepresidenta, han señalado sin pruebas a Caracas, de infiltrar las manifestaciones con fines vandálicos y desestabilizadores. “Algunos quieren sembrar caos, desorden y destrucción, dañando las maravillosas posibilidades que tiene nuestro país”, afirmó la política.
Mientras tanto, los llamados de unirse el paro se han incrementado, ante la aprehensión que ha mostrado el Gobierno ante la protesta, en momentos en los que la región se ha visto sacudida por manifestaciones en rechazo de las políticas económicas alentadas por sus gobernantes.
Fuente: RT
