Antonia Vallejos observa la pantalla de su computadora con una mezcla de angustia y asombro: acaba de percatarse que tendrá que pagar más de veinte millones de pesos chilenos (cerca de 25 mil dólares) por haber estudiado una carrera universitaria en Chile.
La joven, de 23 años, está cursando tercero de Enfermería en una universidad privada y en cuanto se titule tendrá 20 años para devolver el Crédito con Aval del Estado (CAE) a su banco, con los intereses correspondientes, tal y como estipula un sistema fuertemente cuestionado por los estudiantes chilenos.
Junto a derechos básicos como la salud o las pensiones, el clamor por una educación pública y de calidad se ha hecho oír en las protestas que han tomado las calles de Chile desde hace cuatro semanas, en el marco del estallido social más grande desde el retorno de la democracia, que ya deja al menos 23 muertes y miles de heridos y detenidos.
Uno de los ejes de la desigualdad social fruto del modelo económico heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) es el sistema de educación superior, cuya mercantilización ha traído grandes ganancias para la banca, por una parte, y cientos de miles de jóvenes deudores, por otra.
El precio de la movilidad social
El CAE se creó en 2005, bajo el Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), con la promesa de ser un mecanismo de movilidad social que permitiría a los hogares con menos ingresos acceder a la educación superior, pero a su vez consolidó el endeudamiento como medio para acceder a ella.
El número de matriculados se ha duplicado desde entonces: en 2018 hubo más de un millón 260 mil universitarios frente a los 600 mil de 2005.
En paralelo, los jóvenes endeudados también han crecido, llegando a un máximo de 725 mil en septiembre de 2018, según datos de la Fundación Sol, una institución sin fines de lucro.
La principal denuncia de los estudiantes son los “abusivos” intereses del crédito, que en su inicio eran de un 6 por ciento de promedio anual, y que acaban multiplicando la deuda final.
“Siempre supe que era una deuda grande, pero ¿qué otra opción tenía?”, se preguntó Vallejos.
Su padre también se endeudó para estudiar en los años de dictadura y, tras negarse a pagar el préstamo, actualmente no puede tener una tarjeta de crédito o comprarse una casa porque figura como moroso.
Javier Bustos se tituló en Sociología hace siete años, por lo que pidió un préstamo de 7.5 millones de pesos (unos 9 mil dólares), que hoy ya ascienden a más de 15 millones de pesos (unos 18 mil 700 dólares).
Aunque el primer mandato de Sebastián Piñera (2010-2014) redujo los intereses del CAE al 2 por ciento y fijó un límite del 10 por ciento del sueldo del deudor, se ha visto que para muchos no es fácil cumplir con estos requisitos.
Este fue el caso de Bustos, que dejó de abonar las cuotas y ahora el Estado no le devuelve parte de los impuestos porque los destina a cubrir el crédito, cuya cantidad no para de crecer.
Una oportunidad histórica
La organización Deuda Educativa, que lleva seis años asesorando a endeudados y luchando por la condonación de todos los préstamos, ve una “oportunidad histórica” en el estallido social y en la posible redacción de una nueva Constitución.
El Parlamento de Chile aprobó este viernes un acuerdo histórico que empieza con un primer plebiscito, convocado para abril de 2020, en el que los chilenos decidirán si quieren una nueva Carta Magna que reemplace el texto actual, aprobado en 1980 bajo la dictadura de Pinochet.
El Estado no puede eludir su responsabilidad por haber vendido un producto en mal estado”, opinó Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile.
Los que promovieron que la educación se convirtiera en un negocio no vieron que, al destruir el sistema público, estaban socavando la cohesión nacional y social”, afirmó el profesor.
Los universitarios que se acaban de endeudar, como Antonia Vallejos, ven por delante un futuro complicado.
No concibo que para poder estudiar tenga que estar pagando una deuda hasta los 40 años, y eso es lo que me da fuerza para manifestarme cada día”, ella expresó.
Fuente: El Diario
