De prosperar el Plan B de reforma electoral en tribunales, México estaría ante el riesgo de un conflicto pre y postelectoral, lo que podría derivar en la anulación de las elecciones de 2024, advirtió este Jueves el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.
Un día después de que el Consejo General del INE conociera el informe técnico sobre los impactos del Plan B en el sistema electoral, las consejeras y consejeros ofrecieron una conferencia de prensa en la que detallaron los riesgos que se correrían en caso de que entraran en vigor los cambios legales aprobados el año pasado en el Congreso Mexicano por los legisladores de MORENA, PT y PVEM.
Una elección anulada es un fracaso: Lorenzo Córdova Vianello
Uno de los peligros es que, debido a los cambios ordenados con las reformas a seis leyes, las elecciones perderían calidad técnica y credibilidad.
Córdova insistió en que las reformas provocarían una situación inédita: la del conflicto previo a las elecciones, lo que generaría condiciones para una probable anulación de las elecciones presidenciales de 2024, en las que también se renovarán las dos Cámaras del Congreso, ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.
Amenaza velada y chantaje
“¿Qué conflictos pueden pasar? Elecciones van a haber, como lo decía Uuc-kib, pero pueden ser de tal calidad que se pueden abrir, como nunca antes, causales de nulidad. Y una elección que es anulada, que es la última garantía de que una elección siga siendo democrática, es lo peor que nos puede pasar. Una elección anulada es una elección fracasada que tiene que volver a hacerse. Y creo que por responsabilidad no tenemos que llegar a ese extremo.
“No quiero pensar que detrás de esta reforma que mutila a la autoridad electoral está la intención de que las elecciones no salgan bien”, comentó Córdova Vianello.
El consejero presidente dijo que “el autoritarismo tiene prisa”, por lo que es previsible que el Senado de la República concluya a principios de Febrero el trámite legislativo de las reformas a las cuatro leyes pendientes del plan B.
INE de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama: de validar a operar FRAUDES electorales en México
Una vez que éstas sean publicadas por el Presidente Andres Manuel Lóez Obrador, el INE y los partidos políticos de oposición podrán impugnarlas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La consejera del INE Carla Humphrey confirmó que la ruta jurídica implica solicitar a la SCJN la suspensión de la entrada en vigor del Plan B, para que sus plazos y efectos se detengan mientras se revisa el fondo del asunto, que es la constitucionalidad de las reformas.
Humphrey explicó que las reformas del Plan B afectan, no solo el funcionamiento operativo del INE y los OPLE, sino los derechos ciudadanos, tales como las reglas de paridad entre géneros; la posibilidad de denunciar, prevenir y sancionar actos de violencia política en contra de las mujeres en razón de género, y las medidas de inclusión que el INE ha instrumentado en los últimos años.
“No estamos defendiendo al INE, sino a la democracia”, Humphrey dijo.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes nueve de los 11 integrantes del Consejo General del INE: Córdova, Humphrey, Dania Ravel, Claudia Zavala, Ciro Murayama, Uuc-kib Espadas, Jaime Rivera y Martín Faz.
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También estuvo presente el secretario ejecutivo del instituto, Edmundo Jacobo, quien sería cesado de sus funciones al día siguiente de la publicación del Plan B, según se prevé en los artículos transitorios de la reforma.
El secretario ejecutivo Edmundo Jacobo informó que, una vez que se publique y entre en vigor el Plan B, procederá legalmente de forma inmediata, no solo por el mandato que recibió el Miércoles del Consejo General de interponer todos los recursos legales en contra de las reformas, sino por decisión propia.
“Yo no soy abogado, pero entiendo que las leyes tienen un carácter general y no particular, y el décimo séptimo transitorio de la reforma es particular e implica que se me destituya inmediatamente una vez que se publique el decreto correspondiente. Efectivamente, me han pedido las y los consejeros que combata con todos los recursos a mi alcance una cuestión que a todas luces es inconstitucional, pero también lo haré por convicción”, Jacobo dijo.
Edmundo Jacobo fue nombrado secretario ejecutivo del IFE en 2008. Tras la reforma constitucional que transformó al Instituto Federal Electoral (IFE) en el Instituto Nacional Electoral (INE), fue nombrado por el Consejo General como secretario ejecutivo del INE en 2014 y ratificado en su cargo en 2020.
El mandato de cesarlo es considerado por las consejeras y consejeros como una violación a la autonomía del INE, pues la figura de secretario ejecutivo está contemplada en el artículo 41 de la Constitución y su nombramiento o destitución es una facultad exclusiva del Consejo General.
“Ese atropello tiene que detenerse y le hemos pedido que lo haga por supuesto por su dignidad personal, por el reconocimiento que tenemos a su integridad y a su trabajo, pero también porque así se defiende la autonomía del INE y las atribuciones del Consejo General”, añadió el consejero Ciro Murayama.
Fuente: Agencias
