Miles de peruanos salieron a las calles de todo el país el Martes mientras se celebraban los servicios funerales en la ciudad de Juliaca por las 17 personas asesinadas el Lunes en lo que las familias de las víctimas califican de “masacre” por parte de las fuerzas de seguridad del Perú.
Al menos dos de los fallecidos, un niño y una niña, al parecer eran menores de edad. Según un funcionario del Ministerio de Salud en la región peruana de Puno, otras 68 víctimas sufrieron heridas en la violencia del Lunes.
Los videos que mostraban varios de los asesinatos circularon ampliamente en las redes sociales el Lunes por la noche, a medida que llegaban condenas de todo el mundo.
“En nombre del sagrado derecho a la vida, de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos por la ONU y los organismos internacionales, en nombre de la paz y la justicia social, exigimos que cese la masacre de nuestros hermanos en Perú”, escribió el expresidente boliviano Evo Morales, a quien se le calificó de ‘persona non grata’ y se le prohibió ingresar al país horas antes.
Este fue, con mucho, el día más mortífero del caos que ha sacudido a Perú desde que su primer presidente indígena de clase trabajadora, Pedro Castillo, fue derrocado el mes pasado. Castillo ha estado encarcelado desde entonces, luego de lo que los líderes de los países de toda la región han condenado como un golpe de Estado.
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El jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, Jorge Sotomayor Perales, habría sugerido que las autoridades utilizaron balas expansivas letales en la sangrienta represión. En comentarios dados a los periodistas el Lunes por la noche, Sotomayor señaló que las víctimas de los disparos “no tenían heridas de salida”, pero que tenían “sus órganos internos destruidos”.
“Quiero hacer un llamado al gobierno central, ¿cómo podemos tener tantos muertos? el preguntó.
El Martes, cuando el gobierno regional comenzó a observar un período de duelo de tres días en honor a los asesinados, el primer ministro Alberto Otarola respondió con un anuncio propio: un toque de queda nocturno de tres días en Puno, que se extenderá desde las 8 PM hora local hasta las 4 AM
Sin proporcionar pruebas, Otarola insistió en una conferencia de prensa el Lunes por la noche en que “intereses extranjeros” y “narcotraficantes” eran los culpables de los asesinatos. El ex ministro de Defensa Otarola ascendió a su cargo actual hace solo unas semanas y se ha convertido en uno de los principales beneficiarios del golpe de estado.
Los observadores señalan su reunión con la embajadora estadounidense en el Perú, Lisa Kenna, solo dos días antes de que Castillo fuera arrestado, como evidencia del apoyo de Estados Unidos al golpe de estado. Tras la consumación del golpe, la Embajada de Estados Unidos extendió de inmediato su reconocimiento al controvertido régimen, que se impuso en Perú bajo la figura de la autodenominada ‘Presidenta’ Dina Boluarte.
Al momento de la publicación, Boluarte aún no había comentado sobre la serie de asesinatos aparentemente respaldados por el Estado en Juliaca.
Sin embargo, el Martes por la noche, la oficina de derechos humanos de Perú hizo un llamado a “todas las instituciones calificadas para que investiguen y castiguen a los responsables de todas las muertes ocurridas en las últimas horas en Juliaca.”
Horas antes, un representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que el organismo internacional también estaba “muy preocupado por el aumento de la violencia en Perú.”
En una declaración instando al régimen de Boluarte a “cumplir con las normas de derechos humanos y garantizar que la fuerza solo se use cuando sea estrictamente necesario”, e insistiendo en que “los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica deben respetarse y protegerse”, la portavoz Marta Hurtado señaló que “un trabajador médico fue asesinado mientras administraba ayuda.”
El trabajador médico en cuestión, Marco Antonio Samillan Sanga, habría sido asesinado por las fuerzas del régimen el Lunes mientras intentaba tratar a otras víctimas.
En comentarios dados a medios locales, su hermana Milagros dijo que antes de su muerte, Sanga estaba a punto de recibir su título de médico y soñaba con ser “el mejor neurocirujano de Juliaca.”
El llevaba su bata médica cuando lo mataron mientras atendía a los heridos “debido a la buena voluntad y la empatía que tenía”, ella dijo.
“¿Cómo es posible que den la orden de matar así? ¿Cómo es posible que la presidenta Dina Boluarte dé la orden de matar a quien quieran?” ella preguntó.
Cuando los peruanos de todo el país se despertaron con la horrible noticia, ella no fue la única en exigir respuestas.
El Martes, la Fiscalía General anunció que estaba abriendo una investigación sobre el papel desempeñado por Boluarte y Otarola en la aparente masacre patrocinada por el Estado luego de una denuncia penal de la congresista peruana Ruth Luque, quien escribió en la madrugada que las “muertes no pueden quedar impunes.”
Fuente: Sputnik
