Organizaciones de la sociedad civil de México advirtieron que con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, el Ejército legaliza su actuación durante la guerra contra el narcotráfico.
Después de poco más de 10 años del comienzo de una guerra abierta contra el narcotráfico en México, se aprobó el 15 de Diciembre pasado una legislación para legalizar el actuar de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
“Autogolpe de Estado”: así calificó la politóloga Denise Dresser a la llamada ‘Ley de Seguridad Interior’ durante una conferencia de prensa que reunió a un nutrido grupo de organizaciones de la sociedad civil y académicos de México en Febrero de 2017.
En ese entonces, varias organizaciones, entre las que se encuentra Amnistía Internacional, advirtieron que, de aprobarse la Ley de Seguridad Interior, el Ejército tendría “carta abierta” para realizar tareas de fiscalía, detenciones e inteligencia, además de usar “cualquier método de recolección de información”.
Antecedentes
Desde hace 10 años, el Ejército se ha visto envuelto en polémicas como la matanza en el pueblo mexiquense de Tlatlaya en 2014. También existen sospechas de que tuvo conocimiento en todo momento de la desaparición el mismo año de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, un caso que conmocionó a México.
En la investigación periodística cadenademando.org, hay un análisis de las 34 recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) ha hecho al presidente desde el 2007 hasta la fecha. En las recomendaciones hay evidencia de que en el 94% de los casos, las autoridades militares intentaron evadir su responsabilidad. Y que en 18 casos de agresiones, el ejército alteró escenas del crimen, a veces “sembrando” armas, en otras exhumando cuerpos de víctimas.
José Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), agregó que, del 2006 al 2014, las Fuerzas Armadas detuvieron arbitrariamente a 64,000 ciudadanos. Además, reveló cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 2006 al 2011: se acumularon 390 quejas por desaparición forzada a manos del ejército en este organismo.
Guevara también contó que ante la fiscalía de México existen 1,273 denuncias contra las Fuerzas Armadas por torturas como golpes con armas de fuego en el rostro para confesiones, violación sexual, toques eléctricos y asfixia con bolsas de plástico.
Consecuencias
En Febrero de 2017, las imágenes de un helicóptero artillado de la Marina de México disparando en un barrio residencial del estado de Nayarit en plena noche recordaron escenas de guerra en Siria e Irak. Si bien la Marina de México abatió al narcotraficante ‘El H1’, líder del cartel de los Beltrán Leyva, durante los enfrentamientos murieron otras 15 personas. Como no existe una investigación independiente sobre el caso, no se sabe si todas las personas abatidas tenían que ver con el capo o no.
En octubre del 2016, el general Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa Nacional, habló del cansancio de los militares por estar en las calles. “El marco jurídico pregúntenselo a los legisladores, no a mí; yo no hago leyes”, habría dicho en ese entonces.
El dictamen final de la Ley de Seguridad Interna es desconocido por legisladores de partidos opositores, los cuales propusieron que el tema se discutiera de manera más amplia el 15 de febrero de 2017, informó en ese entonces el semanario ‘Proceso’.
“En lugar de regresar a los soldados a los cuarteles, el Gobierno permite la cuartelización del país”, concluyó Dresser.
Académicos y activistas también advirtieron que, ante el escenario generalizado de asesinatos y la aparición de fosas en México, la nueva ley “blindaría” al ejército para evitar que soldados puedan ser llamados a cuentas conforme a las leyes nacionales e incluso internacionales.
Santiago Aguirre, subdirector del Centro Miguel Agustín Pro de Derechos Humanos, advirtió que el concepto de “seguridad interior” que instruye la nueva ley diluye la frontera entre la seguridad nacional y la seguridad pública; una característica de los “regímenes autoritarios”.
El debate más importante en décadas, no se realizo
Alejandro Madrazo, del programa de política de drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas calificó el debate en torno a la Ley de Seguridad Interior como “una de las decisiones más importantes en décadas”.
Urgió que la legislación se haga conforme a los datos disponibles, pues los operativos conjuntos entre policía y ejército durante la presidencia de Felipe Calderón dispararon los homicidios en el país: de 8 por cada 100,000 habitantes a 24 por cada 100,000 habitantes.
“Muertes que no se investigan. Se les descarta como sicarios porque supuestamente andan en malos pasos”, denuncia.
El académico recomendó: “Si el gobierno civil se rinde, el aparato castrense se expandiría y cada vez más funciones pasaran a órganos militares”.
José Guevara de la CMDPDH advirtió que, con la nueva ley, toda información interior generada por el combate al crimen organizado tendría la etiqueta de ‘clasificada’ por motivos de seguridad nacional, es decir, conservaría un candado para evadir las leyes de acceso a la información de México.
“Ya son diez años de esta política que ha fomentado, tolerado y formado estas violaciones de derechos humanos: estamos ante un escenario catastrófico para el país”, advirtió.
El pasado 19 de Enero, Senadores mexicanos interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la cuarta acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior, tras las presentadas por diputados, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) y el gobierno de Cholula, Puebla
Fuente: RT
