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México investiga a ex presidente Calderón, gira orden de arresto contra Garcia Luna por desvío de 12.5 mil millones de dolares

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México presentó desde Diciembre de 2020 una demanda judicial en contra del ex titular de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por delitos de lavado de dinero, desviación de recursos, entre otros delitos, que implican un daño al erario de más de 300 mil millones de pesos (12.5 mil millones de dolares), y a la cual se han ido aportando más elementos hasta el presente mes. Según una fuente de la Presidencia de México, la demanda podría alcanzar hasta al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.
La SSPC, que encabeza Rosa Icela Rodríguez, detalló que en la administración de Calderón se otorgaron adjudicaciones directas por 300 mil millones de pesos que pagó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por órdenes de las más altas autoridades de gobierno.

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En la demanda en poder hoy de la Fiscalía General de la República (FGR) y en la que interviene también la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la misma dependencia involucra a quien fuera el director de Adquisiciones de la Secretaría de Seguridad Pública, Marco Antonio Villarreal.
Hasta el momento en la investigación se habla de ocho contratos y se acusa a García Luna y a quien resulte responsable por los delitos mencionados.
El Viernes, en su conferencia de prensa diaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaria Rosa Icela Rodríguez informaron que el gobierno mexicano negoció una reducción de 15 por ciento en los pagos del estado mexicano por el funcionamiento de ocho reclusorios federales, cuyos contratos fueron adjudicados en el sexenio de Calderón Hinojosa a empresas privadas, seis de los cuales los beficiarios traspasaron a otras empresas.
Ellos puntualizaron que actualmente hay varios procesos penales abiertos para investigar y determinar las responsabilidades de los funcionarios públicos involucrados. La adjudicación se realizó de manera directa y actualmente se considera una transacción que provoca graves daños al erario público.

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El presidente López Obrador dijo que están en la mira contratos en otros sectores, al menos para quitarles “las aristas más nocivas” y recuperar lo que se pueda de lo que se obtuvo con soborno, influyentismo y regalias.
El monto de los contratos por los ocho penales federales fue en 2020 equivalente a casi el 70 por ciento del presupuesto del organismo de prevención y readaptación social. En los nueve años recientes se ha pagado por esos centros penitenciarios 85 mil 398 millones de pesos (3,500 millones de dolares).
Los contratos establecen una cuota fija sin importar el número de personas recluidas en los centros penitenciarios, por ejemplo, el centro femenil de Morelos se encuentra a 32 por ciento de su capacidad instalada pero se debe pagar como si estuviera lleno, de ahí que el gasto al día por persona encarcelada es de 6 mil 634 pesos, como “un hotel de cinco estrellas o más”, aseguró la Secretaria Rodríguez.
Con el acuerdo se pagará a los particulares en el año en curso 13 mil 543 millones de pesos, 2 mil 390 millones menos que lo programado antes del convenio.
El ahorro en el periodo 2021-2024 será de 10 mil 106 millones –“con lo que se pueden financiar todos los cuarteles de la Guardia Nacional”, consideró el Presidente López Obrador – y de 2021 hasta el fin del contrato, 41 mil 496 millones de pesos.
Los centros penitenciarios se encuentran en ocho estados, en contratos celebrados entre 2010 y 2011, en favor de Pápagos Servicios para la infraestructura, empresa que trasladó los derechos a Exi Quantium; Sarre Infraestructura y Servicios, igualmente lo pasó a la empresa mencionada, mientras que Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Oaxaca transfirio el contrato a GIA, de Hipólito Gerard, ex cuñado del ex presidente de Mexico Carlos Salinas de Gortari

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DIP Concesionaria duranguense de infraestructura penitenciaria lo conserva, al igual que Concesionaria en Infraestructura de Michoacán.
Además, Makobil y CRS Morelos pasaron sus derechos a Capital Inbursa, mientras que Operadora de Infraestructura Especializada de Guanajuato lo cedió a la estadounidense Black Rock.

Fuente: Lajornada