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Padre de Emilio Lozoya negoció en Diciembre la entrega de su hijo

Emilio Lozoya Thalmann, ex Secretario de Energía y ex Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de México durante el gobierno del ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, operó de manera personal en México, las negociaciones con la Fiscalía General de la República (FGR) mexicana para que su hijo Emilio Lozoya Austin, ex director del gigante petrolero estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), aceptara la extradición, tras su detención en Febrero, y la estrategia diseñada por el jurista español Baltasar Garzón y el ex Subprocurador de Derechos Humanos de la antigua Procuraduría General de la República (PGR), Miguel Ontiveros, indicaron colaboradores del Fiscal General de la República , Alejandro Gertz Manero.

Arrestan en España a exdirector del gigante petrolero estatal PEMEX

Fuentes revelaron que desde la segunda quincena de Diciembre de 2019 los representantes legales de Lozoya Austin, principalmente su padre, y personas allegadas al abogado Javier Coello Trejo, entablaron el diálogo y ofrecieron información al Ministerio Público a condición de que se otorgaran beneficios a Lozoya, en ese entonces prófugo de la justicia mexicana y buscado por Interpol en más de 190 paises. Los entrevistados – quienes solicitaron el anónimato por ser cercanos a la agenda de los encargados de las áreas jurídica, de ingreso y vigilancia de la FGR – indicaron que los encuentros se efectuaron en la institución ministerial, en la Ciudad de México.
En las reuniones participaron funcionarios de primer nivel de la FGR, como el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), Juan Ramos López, y el responsable del área que dirigió la conclusión de la investigación del caso Odebrecht y la denuncia presentada por la compra de la empresa Agronitrogenados.
Sobre el caso Odebrecht, durante la administración de Alberto Elías Beltrán, la antigua PGR se negó a llegar a un acuerdo reparatorio con la constructora brasileña, que ofreció pagar otros 10.5 millones de dólares como reparación del daño al Estado mexicano, a cambio de que no se sancionara a nadie por los casos de corrupción, incluyendo al propio Lozoya.
Luego del cambio del gobierno federal en México y la llegada de Gertz, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, ex Director de la SEIDF, impulsó el caso, obtuvo las últimas declaraciones de involucrados en los sobornos por parte de los representantes de Odebrecht y las constancias financieras del caso que existían en Suiza, España , Brasil, y Estados Unidos, y las integró al expediente con el cual se libró la orden de captura por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa contra Lozoya.
La posición inicial fue no aceptar acuerdos reparatorios, sino sancionar a los implicados, aunque entre ellos no estarían los representantes de Odebrecht, por así establecerlo los convenios firmados con el gobierno brasileño para obtener las declaraciones de los integrantes de la constructora brasileña.
Despues se presentó, por la representación jurídica de PEMEX, una denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita, por la adquisición de la empresa Agronitrogenados.
En cuanto a Odebrecht, en la carpeta de investigación que se consignó ante un juez federal con sede en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, Lozoya aceptó sobornos por 10.5 millones de dólares de Odebrecht y a cambio le otorgó un contrato directo por mil 436 millones 398 mil 637 pesos para obras en la refinería de PEMEX en Tula en 2013.
Se menciona en la investigación que Lozoya solicitó dinero a Odebrecht para la campaña presidencial de 2012 del entonces candidato del PRI Enrique Peña Nieto y para apoyar a candidatos a gubernaturas por el PRI en los estados de Hidalgo, Veracruz y Tamaulipas.
De los más de 2 millones de dólares que supuestamente obtuvo Lozoya del empresario mexicano Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México, por haber autorizado para que PEMEX adquiriera Agronitrogenados, con un sobreprecio de más de 200 millones de dólares, destinó 185 mil dólares para cubrir los impuestos correspondientes a la escrituración de una residencia que se ubica en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, con un costo de 1.9 millones de dólares, y cuya operación involucró a su esposa Marielle Helene Heckes.
Para las operaciones consideradas ilegales por el gobierno mexicano, se involucraron Innovation Research, una compañía fachada de la constructora brasileña Odebrecht, las empresas offshore (Latin America Asia Holding y Tochos Holding Limited), creadas por Emilio Lozoya y en las cuales se colocó como beneficiaria a su hermana Gilda Susana Lozoya Austin. De esas cuentas se dispersaron los sobornos entregados al ex director de PEMEX, de acuerdo con las investigaciones ministeriales. Con esas bases se libraron los mandamientos judiciales en contra de Emilio Lozoya, su madre, su esposa y su hermana.
Los funcionarios consultados refieren que los representantes del ex director de PEMEX ya han hecho llegar información a la FGR que serviría para iniciar carpetas de investigación por corrupción contra políticos y ex funcionarios, y por ello se llegó a un acuerdo que abre la posibilidad de disminuir la pena que podría alcanzar el ex funcionario, o aun que el Ministerio Público Federal se desista de la acción penal en su contra, de las imputaciones contra su hermana y su esposa, siempre que acepte ser testigo colaborador de la FGR y comparezca en cada proceso que se inicie.
Emilio Lozoya, en tanto, permanece detenido y custodiado en el hospital Ángeles del Pedregal en la Ciudad de México. Supuestamente Lozoya es atendido de anemia, debilidad corporal y problemas en el esófago.

Fuente: Lajornada