El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, agradeció al Senado mexicano la aprobación casi por unanimidad de una reforma constitucional, que eleva a derecho constitucional los programas sociales de su gobierno progresista.
“Esto es único, histórico, celebro que hayan cambiado de parecer los senadores del PAN (Partido Acción Nacional, derecha neoliberal), porque en la Cámara de Diputados votaron en contra”, dijo el presidente a periodistas.
Solo el líder de los senadores del principal partido opositor, el PAN, Gustavo Madero, votó en contra, y un legislador independiente se abstuvo de votar.
La reforma al artículo cuarto de la constitución mexicana eleva los programas sociales actuales a rango constitucional, para garantizar los fondos en el presupuesto federal que aprueba el Congreso mexicano cada año.
El presidente López Obrador afirma que más de 20 millones de mexicanos – la sexta parte de la población total – reciben beneficios de alguno de los distintos programas sociales, que repartirán cada año durante su sexenio unos 500,000 millones de pesos (casi 20,000 millones de dólares).
La reforma garantiza en la Constitución mexicana pensiones para ocho millones de adultos mayores, ayudas para niñas y niños con discapacidad, becas para estudiantes de familias que viven en pobreza, que es la mitad de la población; servicios de salud y medicamentos gratuitos para quienes carecen de seguridad social.
El presidente ha manifestado que a pesar del impacto en la economía por la pandemia del COVID-19, causada por el coronavirus SARS CoV-2, su administración garantiza los fondos para esos programas, aunque no ofrece alivios a la carga fiscal de las empresas y contribuyentes.
Esta reforma se suma a otras aprobadas en 2019 promovidas por el presidente López Obrador y su partido MORENA, que elevan a rango constitucional la revocación del mandato presidencial mediante referendum a la mitad del periodo de gobierno de seis años; que el límite del salario de funcionarios públicos sea de unos 5,000 dólares que gana el presidente; consideran delito grave la corrupción y el lavado de dinero, sin derecho a fianza, entre otros cambios.
Fuente: Sputnik
