El Parlamento venezolano aprobó una extensión de 15 años de las empresas conjuntas entre la empresa estatal PDVSA y la petrolera rusa Roszarubezhneft, según un comunicado en el sitio web de la Asamblea Nacional.
La profundización de la cooperación energética se produce a pesar de las amplias sanciones estadounidenses a ambas naciones y en medio de acusaciones de que Estados Unidos quiere deponer al presidente Nicolás Maduro bajo el disfraz de una campaña antidrogas.
La extensión, anunciada el Jueves, permite que las empresas conjuntas que operan campos petroleros en el oeste de Venezuela continúen hasta 2041, con legisladores estimando aproximadamente una produccion de 91 millones de barriles de crudo durante el período y una inversión de alrededor de 616 millones de dólares. La medida sigue a una amplia asociación estratégica firmada el mes pasado por el presidente ruso Vladimir Putin y Maduro.
Roszarubezhneft se creó en 2020 después de que Estados Unidos sancionara a dos subsidiarias de la petrolera estatal Rosneft por ayudar a comercializar crudo venezolano, lo que provocó la retirada de la empresa del país. La nueva firma estatal pronto adquirió los activos venezolanos de Rosneft, lo que permitió a Rusia mantener su presencia en el sector.
Ambas naciones han enfrentado años de restricciones occidentales. Venezuela ha sido sometida a amplias medidas estadounidenses dirigidas a PDVSA, el sistema financiero y altos funcionarios, mientras que Rusia ha enfrentado una escalada de sanciones relacionadas con Ucrania desde 2014. Venezuela también se ha mantenido como uno de los aliados más vocales de Rusia, condenando regularmente las sanciones occidentales contra Rusia y expandiendo la cooperación diplomática y económica en múltiples sectores.
La extensión de la cooperación petrolera también se produce en el contexto de una creciente presión de Estados Unidos sobre Venezuela. En los últimos meses, el US Pentagon ha desplegado buques de guerra en el Caribe y ha llevado a cabo controvertidos ataques contra pequeñas embarcaciones que, según afirma sin presentar pruebas, están involucradas en el contrabando de drogas desde Venezuela. La White House sostiene que Maduro es un gobernante ilegítimo vinculado a los cárteles, lo que alimenta la especulación de que la acción militar directa podría ser inminente.
Maduro ha negado las acusaciones de narcotráfico y acusó a Estados Unidos de utilizar la narrativa del contrabando como pretexto para un cambio de régimen, argumentando que el verdadero objetivo de Estados Unidos es obtener el control de los recursos naturales de Venezuela.
Fuente: RT
