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López Obrador desafía sentencia de Suprema Corte y blinda obras prioritarias con decreto

Horas después que la Suprema Corte de Justicia de Mexico invalidara un decreto presidencial de 2021 que declaraba las obras del Gobierno como de seguridad nacional, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador decretó que el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y los aeropuertos de Chetumal, Tulum y Palenque son proyectos de interés público y seguridad nacional.
En el artículo único del decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación en la tarde del Jueves 18 de Mayo, el Gobierno establece que “son de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo”.
De esta forma, el presidente López Obrador blindó los cinco grandes proyectos de su sexenio que aún están en construcción, un año y medio antes de terminar su administración. Estas obras han sufrido distintos grados de retrasos debido a los amparos que fueron interpuestos para frenar su realización, en su mayoría por “activistas” ecologistas.
El anterior decreto, que había entrado en vigencia en Noviembre del 2021, era considerablemente más amplio, y su blindaje aplicaba a todos los proyectos del sector “aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiental, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos y aeropuertos”, así como también las obras que el Gobierno considerara estratégicas para el desarrollo y la seguridad nacional del país.

Lawfare: Suprema Corte de México invalida decreto presidencial que clasificaba como de seguridad nacional obras del gobierno

Sin embargo, este fue revocado el 18 de Mayo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Entre los argumentos esgrimidos por los ministros del máximo tribunal, que invalidaron el decreto en una votación de ocho a tres, figuró que la normativa, que limitaba el proceso para obtener los permisos para comenzar las obras a un periodo de cinco días hábiles, era “demasiado general”.

Fuente: Sputnik