El presidente ecuatoriano pro-Occidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional el Miércoles por decreto, un día después de que comenzaran los juicios de destitución que parecían estar en camino de destituirlo de su cargo.
El decreto fue anunciado a las 7 de la mañana del Miércoles. Lasso aplicó el artículo 148 de la Constitución ecuatoriana para instituir una herramienta conocida como “muerte cruzada”, que disuelve el parlamento del país y requiere que se celebren nuevas elecciones tanto para la Asamblea General como para el Presidente en un plazo de 90 días.
Mientras tanto, y hasta que se instale el nuevo parlamento y posiblemente un nuevo presidente, Lasso gobernará por decreto por un período de hasta seis meses. El único freno a su poder durante este tiempo será el Tribunal Constitucional, aunque se supone que su poder se limita a decretos económicos.
Los ganadores de las elecciones servirán hasta el final del actual período presidencial y legislativo, que finaliza en Mayo de 2025.
La Asamblea General parecía preparada para acusar a Lasso por corrupción y malversación de fondos públicos. El Domingo, la Asamblea realizó votaciones para elegir a las autoridades de la Asamblea y demostró la unidad de la alianza opositora, una señal de que tenía suficientes votos para destituir a Lasso. Noventa y dos votos habrían sido necesarios para destituirlo. Durante la sesión del Domingo, cada moción recibió entre 94 y 100 votos, una señal de que tenían suficientes votos para destituir a Lasso.
El Martes, Lasso apareció frente a la Asamblea para defenderse mientras comenzaba el juicio político.
“Ustedes son anti-legisladores”, Lasso dijo en un discurso en el piso de la Asamblea Nacional. “Yo los acuso de intentar no solo derribar la credibilidad de la presidencia, sino la de la democracia.”
Se esperaba que la votación sobre su juicio político y censura avanzara este fin de semana, pero el decreto que disuelve la Asamblea ha puesto fin a esos procedimientos. Lasso amenazó previamente con disolver la Asamblea si seguía adelante con el juicio político; que todavía avanzara indica que la oposición confía en que tendrá un buen desempeño en las elecciones de muerte cruzada.
Las acusaciones contra Lasso se derivan de un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana estatal (FLOPEC) y la empresa privada Amazonas Tanker Pool company. Lasso señaló en su defensa que el contrato se firmó en 2018, tres años antes de que el asumiera el cargo. El también señaló un informe no vinculante para un comité de supervisión del gobierno que lo declaró inocente de cualquier delito.
Lasso afirmó además que hizo ajustes al contrato por recomendación de la Contraloría General de la República, lo que, según él, hizo que el contrato fuera más rentable para Ecuador.
Pero la oposición afirma que hizo la vista gorda ante el presunto desfalco debido al contrato y lo continuó sabiendo que los contratos “representaban una pérdida para el Estado.”
La alianza opositora incluía al partido Unión de la Esperanza (UNES), que todavía está controlado por el ex presidente Rafael Correa, el Partido Social Cristiano (PCS); el partido indígena Pachakutik; y el partido socialdemócrata Izquierda Democrática (ID). Ocho congresistas independientes también se unieron a la oposición.
El año pasado, la Asamblea General destituyó a la Presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, pero solo logró 81 votos, lo que no habría sido suficiente para destituir a Lasso. Llori fue reemplazada por Viviana Veloz, quien presentó la moción de juicio político el Martes.
Legisladores de Ecuador presentan moción para destituir a presidente Lasso
Algunos miembros de la Asamblea General dijeron que no aceptarían el decreto, pero los militares han respaldado a Lasso.
En una declaración en video, el comandante de las fuerzas armadas de Ecuador, Nelson Proano, dijo que el decreto era constitucional. Según múltiples informes, las fuerzas armadas han cerrado el edificio de la Asamblea General y no permiten que nadie, incluidos los ex legisladores, ingrese.
El artículo 148 permite al presidente disolver la Asamblea General por dos razones: Si la Asamblea obstruye reiterada e injustificadamente la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o debido a serias críticas políticas y conmoción interna.
Ecuador ha estado lidiando con problemas económicos y alta criminalidad durante varios años. Las medidas de austeridad implementadas como parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no lograron revertir los problemas económicos del país y causaron disturbios mortales bajo el ex presidente Lenín Moreno.
Bajo la administración de Correa, Ecuador se convirtió en uno de los países más seguros de América del Sur, con una disminución del crimen durante sus últimos ocho años en el cargo, cayendo a un nivel no visto desde que dejó el cargo. El crimen ha aumentado cada año desde entonces, y el país registró una tasa de homicidios récord en 2022, con 25.5 homicidios por cada 100,000 habitantes. Ecuador está en camino de romper el récord nuevamente en 2023.
Lasso ha culpado a los cárteles de la droga por el aumento de la delincuencia y la violencia. El declaró el estado de emergencia en algunas provincias dos veces debido a la violencia, una en Octubre de 2021 y otra en Abril de 2022.
Correa ha calificado de “ilegal” el decreto para disolver la Asamblea Nacional, pero dijo en un tuit que era una oportunidad para “recuperar la patria” y hechar a Lasso.
“Lo que ha hecho Lasso es ilegal. Obviamente, no hay ‘conmoción interna’. El simplemente no podía comprar suficientes asambleístas para salvarse”, dice una versión traducida del tweet. “En cualquier caso, es una GRAN oportunidad para deshacerse de Lasso, su Gobierno y sus asambleístas alquilados,y recuperar la Patria.”
Fuente: Sputnik
