Un grupo de cancilleres de países de Latinamérica reunidos en Lima, Peru, condenaron la ruptura democrática que significó la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en Venezuela y propusieron una serie de medidas de carácter sancionatorio contra el Gobierno de ese país.
La declaración de 16 puntos, firmada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, “condena la ruptura del orden democrático en Venezuela” y expresa “su decisión de no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente, ni los actos que emanen de ella, por su carácter ilegítimo”.
Además, se sugieren, “aunque no de manera obligatoria, una serie de medidas de carácter bilateral que pueden adoptar, sin condicionamientos, nuestros países según vean la evolución de los hechos en Venezuela”, dijo el canciller peruano Ricardo Luna en una rueda de prensa tras la reunión que se prolongó por casi seis horas.
El punto 4 indica que “los actos jurídicos que conforme a la Constitución de Venezuela requieran autorización de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral de mayoría opositora), solo serán reconocidos cuando dicha Asamblea los haya aprobado”.
El canciller de México, Luis Videgaray, explicó que esos actos jurídicos son “los contratos de endeudamiento, refinanciamiento de títulos, concesiones, contratos de obra pública” adoptados por el Gobierno de Nicolás Maduro y que no hayan sido aprobados por la Asamblea Nacional, a pesar de que la Constitución venezolana así lo requiere.
También se decidió “no apoyar ninguna candidatura venezolana en mecanismos y organizaciones regionales e internacionales” y hacer un “llamado a detener la transferencia de armas hacia Venezuela a la luz de los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas”.
Los cancilleres también resolvieron solicitar a la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Naciones Latinoamericanas y Caribeñas (Celac), que ejerce El Salvador, y a la Unión Europea (UE) que se postergue la Cumbre Celac-UE prevista para Octubre.
La declaración advierte asimismo que “Venezuela no cumple con los requisitos ni obligaciones de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”.
Los diplomáticos manifestaron también “su decisión de continuar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela”.
El documento expresa “apoyo y solidaridad con la fiscal general (Luisa Ortega) y los integrantes del Ministerio Público de Venezuela y exigen la aplicación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Ortega, quien manifestó varias discrepancias en los últimos meses con el Gobierno de Nicolás Maduro, fue destituida el sábado por la ANC y está sometida a antejuicio de mérito por “faltas graves”.
Los cancilleres expusieron un “enérgico rechazo a la violencia y a cualquier opción que involucre el uso de la fuerza” para resolver la crisis venezolana y su “condena a la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a la violencia, la represión y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente”.
Los diplomáticos resolvieron mantener este grupo como ámbito de seguimiento permanente sobre la situación venezolana y volver a reunirse en septiembre, durante la inauguración de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
Por último, los cancilleres manifestaron “su disposición a apoyar de manera urgente y en el marco del respeto a la soberanía venezolana, todo esfuerzo de negociación creíble y de buena fe, que tenga el consenso de las partes y que esté orientado a alcanzar pacíficamente el restablecimiento de la democracia en el país”.
También enviaron representantes a Lima, aunque no firmaron la declaración, los gobiernos de Granada, Guyana, Jamaica, Santa Lucía y Uruguay.
Curiosamente, los cancilleres latinoamericanos nunca se han pronunciado contra la remosion de los Presidentes electos democraticamente en Paises como Brasil, Ucrania, y los intentos recientes para remover al Presidente Bashar al-Ásad en Siria.
Fuente: Sputnik
