El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó las medidas de “tutela preventiva” del Instituto Nacional Electoral (INE) mexicano que le ordenan abstenerse de realizar expresiones políticas proselitistas que pudieran “incidir” en el proceso electoral federal de 2021.
“Yo creo que tengo el derecho de expresarme, es el derecho de manifestación; más cuando se trata de quienes van en contra del proyecto que represento, y que inclusive van en contra de mi persona”, dijo el presidente a periodistas.
La Comisión de Quejas del INE “considera” que las declaraciones del presidente en sus conferencias matutinas “podrían vulnerar el principio de igualdad en la contienda”.
El presidente de México dijo que varios partidos de oposición neoliberales se organizan de cara a los comicios de junio de 2021.
“No estoy inventando nada, ellos mismos sostienen que van contra mí, es evidente que por eso es que se están agrupando, se están aliando; entonces yo creo que sí tengo la libertad y la debo de ejercer para aclarar, argumentar y replicar”, agregó el presidente.
En los comicios de mitad del sexenio presidencial de 2021 se renovarán en su totalidad los 500 legisladores de la Cámara de Diputados, 15 gobernadores de los 32 estados de la Republica Mexicana, 30 congresos estatales y casi 2,000 alcaldías, que suman 21,000 cargos de elección popular.
La “queja” del INE y el litigio legal
La Comisión de Quejas del INE “consideró” que el presidente ha incurrido en una “violación reiterada del artículo 134 Constitucional”, en una votación por unanimidad de los consejeros, el fin de semana pasado.
La resolución señala que el objetivo es “reencauzar las elecciones” y que en un futuro las expresiones presidenciales o de cualquier funcionario público “no incluyan referencias a partidos, coaliciones o candidatos que pudieran poner en riesgo la equidad en la contienda”.
El presidente López Obrador agregó que si le dicen que ya no debe decir nada, aunque lo estén atacando, “pues nada más que lo fundamenten y ya entonces” se quedaría “callado, estoicamente, aguantando los ataques”.
Acerca de la respuesta legal que presentará a la Comisión de Quejas del INE, reafirmó su determinación de continuar haciendo sus comentarios a las críticas de la prensa corporativa, sus críticos y los partidos opositores, que hace cotidianamente.
“Hay una oposición que no solo cuestiona a partidos, sino cuestiona directamente al Gobierno de México y cuestiona al presidente y por eso yo respondo”, argumentó el presidente.
Finalmente, dijo que si el INE considera que no debe responder ni ejercer la libertad de expresión, “pues que lo exprese la autoridad competente” es decir el Tribunal Electoral.
La Comisión de Quejas del INE señaló que el presidente ha incurrido en violaciones reiteradas de proselitismo y le pidió abstener de hacer expresiones ilegales, que según ellos constituyen “actos de intromisión electoral y de proselitismo a favor o en contra de un partido político”.
Los dos partidos opositores neoliberales principales, Acción Nacional (PAN, centroderecha) y Revolucionario Institucional (PRI, centro), y 12 diputados federales interpusieron una queja ante el INE en contra del presidente por supuesto “uso indebido de recursos públicos, promoción personal y llamado indebido al voto”.
La denuncia fue presentada por una supuesta violación de la Constitución que habría cometido el presidente López Obrador del 27 al 30 de noviembre pasados, cuando se pronunció en el estado de Baja California (noroeste de México) sobre una posible alianza entre el PRI y el PAN en los próximas elecciones en ese estado.
En esos días, López Obrador supuestamente llamó en varias ocasiones a los ciudadanos a “reflexionar su voto” y a mantener el apoyo al proyecto de su administración.
La Comisión determinó que esas expresiones incluyeron “elementos de índole electoral que pueden influir en las preferencias de la ciudadanía en los próximos comicios”.
Este es el segundo dictamen del INE contra el presidente, luego de que en Junio pasado le recordó sus obligaciones y prohibiciones, a fin de “garantizar la vigencia de los principios constitucionales en los procesos electorales”.
Sin autoridad legal ni constitucional
La “orden” del INE no prejuzga sobre el fondo del asunto, que le corresponderá resolver al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Fuente: Sputnik
