Un juez estadounidense de Nueva York aceptó la petición de la Fiscalía de Estados Unidos de desestimar los cargos de narcotráfico y lavado de dinero contra el ex Secretario de Defensa de México, general Salvador Cienfuegos, por los cuales fue detenido en Estados Unidos el 15 de Octubre pasado, para que después sea investigado por la justicia mexicana.
“La juez de la Corte del Distrito Este de Nueva York, Carol Bagley Amon, aceptó la petición del Gobierno de Estados Unidos para desestimar los cargos en contra del general Salvador Cienfuegos y ponerlo a disposición del Gobierno de México para su investigación en nuestro país”, informó la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) de Mexico en su cuenta de Twitter.
Estado paria que juzga al mundo: Ex Secretario de Defensa mexicano detenido en Estados Unidos
La Juez preguntó al fiscal del distrito neoyorkino de Brooklyn, Set DuCharme si la decisión para desechar la acusación la tomó personalmente el procurador general de Estados Unidos, William Barr, lo cual fue confirmado por la parte acusatoria, según el relato publicado por El Financiero citando a periodistas que reportaron la audiencia.
La Juez preguntó además si el acusado estaba de acuerdo en que sea desechada la acusación, a lo cual su abogado también respondió en forma afirmativa.
La Juez Amon preguntó entonces a Cienfuegos si entendía el acuerdo entre la Fiscalía de Estados Unidos, que encabeza Barr, y la Fiscalía General de México para sacarlo de Estados Unidos para enfrentar los cargos en México.
“Sí señora, sí estoy de acuerdo”, respondió varias veces Cienfuegos.
Horas antes, el canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo que el general Cienfuegos será trasladado a México por el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos, pero no en calidad de detenido porque han sido desestimados los cargos, sino en libertad, en calidad de ciudadano mexicano repatriado.
“¿En qué calidad viene? (pregunto un periodista al canciller en la conferencia matutina), como ciudadano en libertad, no viene como un detenido”, subrayó Ebrard junto al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Tras una gestión diplomática, en una decisión sin precedentes, mediante un acuerdo entre Barr y el fiscal general mexicano, Alejandro Gertz Manero, la Fiscalía de Estados Unidos hizo la solicitud a la juez Amon, para que Cienfuegos enfrente la justicia en México, pero el expediente que las autoridades mexicanas desconocían, recién llegó hace seis días.
“Confianza” en justicia de México
En un segundo mensaje, la Cancillería mexicana señaló que esta decisión va en línea con la Declaración Conjunta de los fiscales generales de ambos países, anunciada la tarde del 17 de Noviembre, luego de una gestión diplomática para solicitar a la juez que desestime los cargos.
“Es una muestra de la solidez de la relación bilateral y la confianza del Gobierno de Estados Unidos en las instituciones de justicia mexicanas”, dijo la SRE.
Las decisiones posteriores de la Fiscalía mexicana “dependerán de la investigación, de las pruebas, de su valoración de las pruebas, y de todas las diligencias que tiene que llevar a cabo la Fiscalía General, que tiene apenas seis días desde que llegó este expediente para sustanciarlo”, anticipó el canciller Ebrard.
Según los fiscales estadounidenses, la acusación se basa en miles de mensajes en dispositivos BlackBerry de telefonía celular del general Cienfuegos, interceptados ilegalmente en territorio mexicano por las autoridades estadounidense mientras Cienfuegos era secretario de la Defensa Nacional de México.
La imputación basada en pesquisas de la US Drug Enforcement Administration (DEA) señala que Cienfuegos ayudó al llamado Cartel H2, heredero del debilitado Cartel de los Hermanos Beltrán Leyva, a cambio de sobornos.
Además de impedir acciones militares contra ese grupo del crimen organizado, Cienfuegos habría ordenado operaciones contra las organizaciones rivales, y habría facilitado el tráfico ilegal marítimo y terrestre de drogas a Estados Unidos.
El canciller detalló que, para la decisión sin precedentes de un fiscal general estadounidense, fue invocado un acuerdo de 1992, sobre la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) que habría sido violado en este caso.
Ese pacto establece la obligación de compartir información y actuar con base a las leyes mexicanas.
Fuente: Sputnik
