En una movimiento sin prescedentes, se realizara una acción legal en México contra la operación de decenas de empresas dedicadas a vender facturas falsas, con operaciones simuladas de compraventa de bienes y servicios, que costó al fisco la evasión de unos 2,400 millones de dólares en 2017, informaron autoridades del Gobierno de México.
“Son 43 empresas ‘factureras’ relacionadas, y no solo son estas empresas fachadas que venden facturas de operaciones simuladas, sino que tambien participaron 8,312 personas morales (empresas) y personas físicas”, que se beneficiaron del esquema ilegal, informó la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México, Raquel Buenrostro.
En conferencia del prensa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria mexicana explicó que el esquema comenzó a utilizarse de manera masivo hace diez años en el periodo de gobiernos neoliberales.
“Es un perjuicio por 55,125 millones de pesos (2,400 millones de dólares) para el ejercicio fiscal 2017, al no pagar impuestos y simular gastos a favor” de los contribuyentes señalados, detalló Buenrostro.
Por su parte, el jefe de la Procuraduría Fiscal federal de México, Carlos Romero, recordó que una reforma constitucional de 2020 que prohíbe condonar impuestos a grandes contribuyentes fiscales, “equipara la defraudación fiscal con delincuencia organizada, para quienes venden facturas falsas”.
Por no pagar impuestos y simular gastos con saldos a favor, la venta de facturas falsas a cambio de una comisión, para la evasión de tributación podría ser castigada con 16 años de cárcel y el decomiso de bienes, dijo el fiscal.
Mientras que comprar facturas falsas es un delito que se castiga con prisión preventiva, y hasta 13 años y medio de cárcel,
“Se atacará a los que compran y a los que venden”, concentrando la operación a las “cabezas de grupos de factureros”, detalló Romero.
El 17 de febrero pasado, Buenrostro anunció que entre 2017 y 2019, los esquemas de compraventa de facturas falsas causaron un desfalco en los ingresos fiscales por unos 339,000 millones de pesos (15,000 millones de dólares), que involucran a casi un millar de contribuyentes entre empresas y personas.
Se acabó la fiesta
5El procurador fiscal indicó que el mensaje de las autoridades es que “se acabó la fiesta” y que todas las personas deben cambiar y pagar los impuestos, con un cambio de cultura tributaria”.
En la operación judicial participa además la Unidad de Inteligencia Financiera de México.
López Obrador dijo que en el esquema ilegal participaron “funcionarios del gobierno federal de tercer nivel que decidían, aunque hay de todos los (niveles); pero por respeto a la dignidad y el debido proceso vamos a esperar que esto se resuelva en instancias judiciales”.
Los más de 8,000 contribuyentes, presuntos defraudadores, recibirán notificaciones privadas, para que regularicen su situación fiscal.
Las operaciones financieras simuladas en 2017 suman 93,000 millones de pesos (unos 4,000 millones de dólares).
De ese monto, dejaron de pagarse como impuestos sobre la renta más de 24,500 millones de pesos (unos 1,060 millones de dólares).
El fisco mexicano también dejó de recibir casi 11,600 millones de pesos (más de 500 millones de dólares) de Impuesto al Valor Agregado (IVA), de personas que prestan servicios.
Las empresas también simulaban pagar nóminas de empleados, pero no pagaron al fisco la supuesta retención del impuesto sobre la renta, apropiándose de más de 19,000 millones de pesos (más de 800 millones de dólares).
Buenrostro dijo que “en diez años, facturaron operaciones reales, existentes, junto con operaciones simuladas de transacciones que nunca existieron”.
Ese mecanismo fraudulento “es difícil comprobar a lo largo del tiempo, como por ejemplo los servicios de mantenimiento de edificios” o la compra bienes consumibles.
Con la facturas falsas, las empresa disminuyen sus utilidades y el pago de impuestos, “engañan al SAT y causan defraudación fiscal” agregó la jefa del SAT.
Ella añadió que “el esquema fraudulento también sirven para el pago de actividades ilícitas, disfrazadas como compraventa de servicios, pago de sobornos o tráfico de drogas, extorsión, trata de persona, actos de corrupción”.
En la simulación, una empresa con asesores jurídicos y contables vende la factura y otra empresa o persona la compra, para justificar gastos inexistentes.
“La empresa que emite la factura falsa nunca paga contribuciones fiscales y no se puede localizar”, porque son registradas en direcciones que no existen, mientras que el comprador de la factura paga una comisión al emisor.
Los servicios simulados “crecieron en forma exponencial” en el comercio al mayoreo, la construcción e industrias de manufactura.
Los nombres de las 43 empresas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, acusadas por defraudación fiscal y lavado de dinero con unas 22 millones de facturas en un año.
Fuente: Sputnik
